Sinopsis

Arbitraje y Estado han parecido, al menos desde 1852, términos de difícil compatibilidad, donde las Administraciones, que ejecutan los designios gubernamentales, han preferido acudir al tradicional remedio que supone la jurisdicción contencioso–administrativa. Esta prevención ha tenido como consecuencia una carga judicial insostenible y, por ende, cierta insatisfacción para los administrados, que son, no lo olvidemos, los ciudadanos cuando se relacionan con los servicios y funciones públicas. La historia del Derecho Administrativo ha tenido poca relación con el Derecho Internacional, manteniéndose como desconocidos vecinos y, sin embargo, a través de este último se han superado las enclaustradas fronteras que limitaban al ámbito doméstico los principios del Derecho Administrativo. Y, así, los prístinos conceptos de soberanía, inmunidad, confianza legítima o principio de legalidad han adquirido un nuevo color cuando se han analizado bajo el tamiz del arbitraje internacional. Al mismo tiempo, y en las antípodas de la situación habitual, el propio Estado comenzó a ser el árbitro de determinadas situaciones que constituyeron vanguardia de este contexto y que ayudaron a particulares y empresas a solucionar sus controversias. Se demostró así que ni el Estado ontológicamente tenía que rechazar el arbitraje, ni, tampoco, que quedara extramuros de su posición el constituirse en árbitro. El lector de este volumen tendrá debida resolución sobre ambas caras de la moneda arbitral, ya que, desde nuestra doble experiencia, como académico y como abogado vinculado al arbitraje, desgranamos las diferentes soluciones que tanto en el ámbito general como en casos concretos, han ido superando aquella infinita distancia entre Estado y la institución arbitral. No sólo eso: también comprobaremos su encaje constitucional que tantas veces se ha puesto en entredicho. Asimismo, encontrará un esquema de argumentos, razonamientos y casos, que ayudará a potenciar las posibilidades de esta relación entre el Estado y la galaxia administrativa con el arbitraje; y de otro lado, comprenderá el alcance que puede ofrecer que en determinadas situaciones sea el propio Estado quien pueda adoptar la solución arbitral más adecuada para empresas y particulares.