Sinopsis

Análisis completo y transversal del proceso penal de menores en España desde la óptica de los principios y garantías procesales que lo rigen.

Incorpora la perspectiva y conexión con la tutela Judicial Efectiva.
Incorpora el marco normativo nacional y supranacional incluyendo la Directiva sobre menores sospechosos y acusados.

Francisco Javier Garrido es profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Granada.
Destinado a profesionales, abogados penalistas y especialistas en derecho de los menores.

Extracto:
La respuesta al fenómeno de la violencia juvenil es un tema poliédrico que exige un tratamiento riguroso y multidisciplinar, y en el que la respuesta judicial ha de ser el último recurso en la acción institucional y solo para los casos de mayor gravedad. El proceso penal de menores, como un sistema complejo, se articula sobre unos principios propios y diferenciados de los que caracterizan el proceso de adultos. Entre estos, el principio de interés superior del menor, y el principio de oportunidad juegan un papel transformador en el tratamiento jurisdiccional del menor infractor, informando cada una de las fases y posibilidades del proceso, condicionando a su vez la actuación de las partes y del Juez. Se trata de un proceso con autonomía propia en el que convergen un conjunto de opciones y sensibilidades, que han de dar lugar a un adecuado equilibrio entre la necesidad de justicia de una sociedad moderna y responsable, la responsabilidad penal de los menores infractores, y la protección de los mismos en dicha sociedad. Con este fin, ve la luz la presente obra, que pretenden, desde la óptica de los principios y garantías que lo rigen, acercar el sistema de justicia penal, y el proceso penal de menores, a todos aquellos que, desde los distintos perfiles profesionales, desarrollan un trabajo responsable y comprometido para dar una respuesta adecuada a la criminalidad e intervención social con menores, construyendo de esta forma una sociedad más justa.

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Índice

ABREVIATURAS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I
MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA

1. Ámbito internacional

1.1. Naciones Unidas

1.1.1. Declaración de los Derechos del Niño

1.1.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1.1.3. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia a menores

1.1.4. Convención sobre los Derechos del Niño

1.1.4.1. Principio del Interés Superior del menor

1.1.4.2. Derecho del niño a ser oído

1.1.4.3. Derechos en relación a la privación de libertad

1.1.4.4. Garantías y principios fundamentales de carácter procesal

1.1.5. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil

1.1.6. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad

1.2. Consejo de Europa

1.2.1. Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

1.2.2. Recomendación núm. R (87) 20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre reacciones sociales a la delincuencia juvenil

1.2.3. Recomendación R 2003 (20), del Comité de Ministros del Consejo de Europa relativa a los nuevos modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia de menores

1.2.4. Recomendación R (2008) 11 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre Reglas Europeas relativas a las sanciones y medidas para los delitos juveniles

2. Unión Europea

2.1. La Carta de los Derechos del Niño, de 21 de septiembre de 1992

2.2. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la Justicia del menor en la Unión Europea” (2006/C 110/13)

2.3. Resolución del Parlamento Europeo sobre la delincuencia juvenil: el papel de las mujeres, la familia y la sociedad

2.4. La Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales

3. Ámbito nacional

3.1. El antecedente de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948

3.2. Conformación normativa del sistema de justicia penal de menores en la España Constitucional

3.2.1. Modificaciones orgánicas y estructurales

3.2.2. La necesaria intervención del Tribunal Constitucional

3.2.3. El Régimen provisional de la LO 4/1992 de 5 de junio

3.3. Consideraciones generales sobre la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL DEL MENOR

1. Consideraciones preliminares

2. Principios que informa el sistema procesal penal

2.1. La necesidad de un sistema procesal penal. El proceso como garantía

2.2. Principios jurídicos naturales

2.3. Principios jurídico-técnicos

2.4. Principios procedimentales

3. El principio de legalidad

3.1. Manifestaciones del principio de legalidad

3.2. Cuestiones en torno al principio de legalidad en la LORRPM

4. El principio acusatorio

4.1. Necesidad de acusación en el proceso penal

4.2. Separación de las funciones de instruir y acusar de la función de decisión

4.3. Correlación entre acusación y fallo

4.4. Prohibición de la reformatio in peius

5. El principio de culpabilidad

5.1. Causas de exención de la responsabilidad

5.2. Causas de extinción de la responsabilidad

6. El principio de proporcionalidad

7. El principio de resocialización

8. El principio de superior interés del menor

8.1. Trascendencia del principio de superior interés del menor

8.2. La proyección del principio de interés superior del menor en el proceso penal de menores

8.2.1. El interés superior del menor como concepto jurídico indeterminado y criterio de interpretación

8.2.2. El Interés superior del menor y la necesidad de especialización de todos los que se relacionan con el mismo

9. El principio de intervención mínima

10. El principio de oportunidad y sus manifestaciones

10.1. Desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar

10.2. Sobreseimiento del expediente por conciliación, reparación, o realización de tarea educativa

10.2.1. Presupuestos objetivos

10.2.2. Presupuestos subjetivos

10.2.3. Presupuestos formales

10.3. Sobreseimiento del expediente conforme al artículo 27.4 de la LORRPM

10.4. La conformidad del menor

10.4.1. La conformidad en la fase intermedia

10.4.2. La conformidad en la audiencia

10.5. Eventual suspensión de la ejecución del fallo

10.6. Sustitución de las medidas impuestas

10.6.1. Sustitución por quebrantamiento de la ejecución

10.6.2. Sustitución durante la ejecución de las medidas

11. El principio de publicidad

CAPÍTULO III
GARANTÍAS DEL MENOR INFRACTOR EN LA LORRPM

1. La detención del menor y sus garantías

1.1. Concepto

1.2. Supuestos de detención

1.2.1. La detención policial

1.2.2. La detención por particulares

1.2.3. La detención por el Ministerio Fiscal

1.2.4. La detención judicial

1.3. Derechos y garantías del menor detenido

1.3.1. Derecho a que se practique la detención en la forma menos perjudicial

1.3.2. Derecho a ser informado

1.3.3. Derecho de notificar el hecho de la detención a sus representantes legales y Ministerio Fiscal

1.3.4. Derecho a que su declaración se efectúe en presencia de su letrado

1.3.5. Derecho a la entrevista reservada con su abogado

1.3.6. Derecho a ser custodiado en dependencias adecuadas

1.3.7. Derecho a un reconocimiento médico del menor

1.3.8. Duración imprescindible

1.3.9. Cuestiones sobre el Habeas Corpus

2. Garantías tras la incoación del expediente

2.1. Notas previas

2.2. La incoación del expediente

2.3. Derecho a ser informado de sus garantías procesales

2.4. Derecho de asistencia letrada

2.4.1. Configuración legal del derecho de asistencia letrada en el proceso penal de menores

2.4.2. Alcance y particularidades del derecho de asistencia letrada

2.4.3. El derecho de asistencia letrada a la luz de la Directiva 2016/800/UE

2.5. Derecho a intervenir en la práctica de las diligencias que se practiquen

2.5.1. Consideraciones sobre la obligación de recibir la declaración del menor

2.6. Derecho de audiencia

2.6.1. Derecho a ser escuchado y a que se tenga en cuenta la opinión del menor

2.6.2. Celebración de la audiencia en ausencia del menor imputado

2.7. Derecho a la asistencia afectiva, psicológica y de los servicios del Equipo Técnico

2.8. Derecho a la evaluación individual de los menores de edad

2.9. Garantía de la grabación audiovisual de los interrogatorios

2.10. Derecho del menor a estar acompañado por un adulto adecuado, aparte de su representante legal

CAPÍTULO IV
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GARANTÍAS PROCESALES

1. Consideraciones previas

2. El derecho a la tutela judicial efectiva

2.1. El derecho de acceso a la jurisdicción

2.2. El derecho a obtener una sentencia motivada y congruente

2.2.1. Las Exigencias constitucionales de motivación y congruencia

2.2.2. Contenido de la Sentencia en el Proceso penal de menores

2.2.3. Suspensión de la ejecución del fallo

2.3. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales

2.3.1. La intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (eficacia de la cosa juzgada)

2.3.2. La ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos

2.4. El derecho al recurso legalmente previsto

2.4.1. Régimen de recursos en la LORRPM

2.4.1.1. Recurso de reforma

2.4.1.2. Recurso de apelación

2.4.1.3. Recurso de Queja

2.4.1.4. Recurso de casación para la unificación de doctrina

2.4.1.5. Recursos en la fase de ejecución

2.5. Prohibición de indefensión

3. Garantías procesales

3.1. Derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley

3.2. Derecho de defensa y sus garantías

3.2.1. Derecho a ser informado de la acusación

3.2.2. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable

3.2.3. Derecho a la autodefensa; derecho a la defensa y asistencia de letrado y derecho a un intérprete

3.2.4. Derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para la defensa

3.3. Derecho a un proceso público

3.4. Derecho a la protección de la vida privada

3.5. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

3.6. Derecho a un proceso con todas las garantías como cláusula de cierre

3.7. Derecho a la presunción de inocencia

3.7.1. Derecho a ser tratado como inocente. Los denominados juicios paralelos

3.7.2. Incidencia en la actividad probatoria

3.7.2.1. Requisitos para desvirtuar la presunción de inocencia

3.7.2.2. Breve referencia a la eficacia de la prueba indiciaria

REFLEXIÓN FINAL

BIBLIOGRAFÍA

LEGISLACIÓN

CIRCULARES, CONSULTAS E INSTRUCCIONES DE LA FGE

INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS

JURISPRUDENCIA