Sinopsis

El libro aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas, desglosando los cinco regímenes jurídicos que integran la regulación a la que se puede encontrar sometida una entidad en el ámbito del proceso penal. Conforman el estudio, en primer lugar, el análisis del art. 31 bis CP, que se examina junto con los programas "compliance". A continuación se aborda el régimen de las consecuencias accesorias del art. 129 CP, tanto en lo que se reï¬?ere a su aplicación a entidades con personalidad jurídica, como a aquellas que carecen de ella. Se incluye asimismo, el análisis de un cuarto régimen que responde a las especiï¬?cidades previstas sectorialmente para los delitos de asociación ilícita y el terrorismo, cerrándose el trabajo con el estudio del novedoso régimen de las sociedades instrumentales creado por la doctrina jurisprudencial. Superando visiones parciales, la monografía aglutina, desde una perspectiva integral y con exhaustividad, todas las modalidades de responsabilidad que afectan a las entidades en el marco del proceso penal, sus pautas de funcionamiento y sus características a la luz de la jurisprudencia, particularidades que la convierten en una obra de cabecera para tener una visión completa y actualizada sobre la materia.

Índice

Abreviaturas 19
Introducción 21
Capítulo I
La evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
I. LOS PRINCIPALES COMPROMISOS INTERNACIONALES QUE ORIGINAN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA 39
1. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 40
2. El Convenio penal sobre la corrupción y la influencia del GRECO 42
3. El Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales 51
4. La Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal 55
5. Los planteamientos de armonización de la regulación penal europea 57
II. LA INCORPORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 58
Capítulo II
Los estadios de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ordenamiento español
I. LAS SOCIEDADES NO PUEDEN DELINQUIR 63
II. FRENO AL ABUSO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE OTRAS RAMAS DEL DERECHO Y LA JURISPRUDENCIA 65
III. ANTECEDENTES EN EL CÓDIGO PENAL 67
IV. EL CÓDIGO PENAL DE 1995 Y LA INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS ACCESORIAS 68
V. LA INCORPORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DIRECTA DE LAS PERSONAS JURÍDICA por LA LO 5/2010 72
VI. LA MODIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL por LA LO 1/2015 74
VII. LA ÚLTIMA REFORMA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS por LA LO 1/2019 75
Capítulo III
Las sanciones previstas en el sistema de la responsabilidad penal de la persona jurídica
I. LAS PENAS PREVISTAS en el sistema de responsabilidad penal de las PERSONAS JURÍDICAS 78
1. La pena de multa 82
2. La disolución de la persona jurídica 85
3. La suspensión de actividades 86
4. La clausura de los locales y establecimientos de la entidad 88
5. La prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito 89
6. La inhabilitación de la entidad 90
7. La intervención judicial 92
II. LOS CRITERIOS DE IMPOSICIÓN DE LAS PENAS 95
Capítulo IV
El catálogo de delitos, sus especificidades
y las remisiones al art. 129 CP
I. EL CATÁLOGO DE DELITOS QUE LA PERSONA JURÍDICA PUEDE COMETER 101
1. El impacto de la reforma del año 2015 102
2. El impacto de la reforma de 2019 104
3. El catálogo de delitos 105
4. La imposibilidad de enjuiciar a la entidad si el delito no se encuentra en el catálogo 107
II. ANÁLISIS DEL CATÁLOGO DE DELITOS 109
1. Los delitos que han previsto una multa agravada y acumulativa 109
2. Los delitos que presentan especialidades en materia cautelar 112
2.1. Los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores 113
2.2. Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial 114
2.3. Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social 116
2.4. Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP) 117
2.5. Los delitos contra el medio ambiente 118
2.6. Delitos contra la salud pública 118
2.7. Los delitos relacionados con el terrorismo y las sociedades instrumentales 120
2.8. Los delitos de contrabando 121
III. LAS REMISIONES AL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO PENAL 121
1. Los delitos de manipulación genética 124
2. Los delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas 124
3. Los delitos societarios 125
4. Los delitos contra los derechos de los trabajadores 125
5. Los delitos de falsificación de moneda y efectos timbrados 126
6. Las asociaciones ilícitas 126
7. Los delitos cometidos por las organizaciones y grupos criminales 127
8. Los delitos cometidos por las organizaciones terroristas y los delitos de terrorismo 127
Capítulo V
Criterios de clasificación de los regímenes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
I. LA ENTIDAD Y LA PERSONALIDAD JURÍDICA 131
II. EL TIPO DE DELITO QUE SE HA COMETIDO O DEL QUE EXISTEN INDICIOS DE COMISIÓN 132
III. LA ACTIVIDAD Y LA FINALIDAD DE LA ENTIDAD 133
IV. LAS MODALIDADES DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS ENTIDADES DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO PENAL 134
Capítulo VI
El primer régimen de responsabilidad penal:
la regulación del art. 31 bis del Código Penal o la responsabilidad penal de las personas jurídicas
I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS ENTIDADES Y LOS PROGRAMAS “COMPLIANCE” 138
II. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 141
1. La responsabilidad penal estricta 141
2. La personalidad jurídica 142
III. LAS PERSONAS JURÍDICAS alejadas DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 145
1. La exclusión de las personas jurídicas públicas 146
2. La inclusión de los partidos políticos y los sindicatos 147
3. La especialidad de las sociedades públicas mercantiles 149
4. La exclusión de la responsabilidad penal de las sociedades instrumentales 150
5. Las sociedades unipersonales 152
IV. EL MODELO DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LA persona jurídica 152
V. EL TRIBUNAL SUPREMO ANTE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 158
1. La primera ocasión en la que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la materia: la sentencia núm. 514/2015 159
2. El Tribunal Supremo aborda la cuestión en sesión plenaria: la sentencia núm. 154/2016 160
2.1. Exclusión del sistema de transferencia vicarial o por hecho ajeno 161
2.2. Los programas de cumplimiento o programas “compliance” 163
2.3. La exoneración de la responsabilidad penal de las entidades jurídicas y la carga de la prueba de los programas “compliance” 164
2.4. El voto particular de la sentencia 166
3. La consolidación de la doctrina: la sentencia núm. 221/2016 168
4. La estabilización de la doctrina del Tribunal Supremo 172
5. Problemas prácticos de la doctrina del Tribunal Supremo sobre los planes “compliance” 173
5.1. La inexistencia de un programa “compliance” en la entidad 174
5.2. El valor de un programa de “compliance” que ha fallado permitiendo la comisión de un delito por una persona física 175
5.3. Los programas “compliance” y la comisión de delitos por los directivos 177
VI. LA ALTERNATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL: LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ART. 120 CP 179
VII. LAS BASES DEL SISTEMA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 182
1. La responsabilidad penal autónoma e independiente de la entidad 182
2. El catálogo especial de delitos del Código Penal 183
3. La necesidad de un beneficio directo o indirecto de la empresa 184
4. La actuación de una o varias personas físicas con una especial relación con su estructura y organización en nombre o por cuenta de la entidad 187
4.1. Personas autorizadas para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o que ostentan facultades de organización y control en su seno 189
4.1.1. Los representantes legales 189
4.1.2. Personas que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la sociedad estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica 190
4.1.3. Personas que ostenten facultades de organización y control dentro de la persona jurídica 191
4.2. Empleados o personas subordinadas a la dirección de la empresa 191
5. Los programas “compliance” 192
5.1. La atenuante por un “compliance” parcial 193
5.2. El Tribunal Supremo como promotor de los “compliance” 194
5.3. Los programas “compliance” no lo solucionan todo 196
5.4. El “compliance” no exonera de la responsabilidad penal de las personas naturales que han cometido el delito 196
5.5. Los principios generales de los programas “compliance” 197
5.5.1. El plan “compliance” debe ser previo a la comisión del delito 197
5.5.2. El programa “compliance” tiene que ser eficaz 198
5.5.3. El plan “compliance” tiene que ser idóneo 198
5.6. Elementos necesarios que debe integrar un programa “compliance” 199
VIII. ASPECTOS BÁSICOS DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN PENAL O “COMPLIANCE” 201
1. El concepto de programa de cumplimiento o “compliance” 207
2. La incorporación de los programas “compliance” al ordenamiento jurídico español 210
3. El ámbito de aplicación de los programas “compliance”: las personas físicas afectadas 211
4. El catálogo de delitos sobre los que debe desplegarse el programa “compliance” 212
5. El contenido básico de los programas de cumplimiento 213
5.1. La identificación y evaluación de los riesgos penales 214
5.2. Las medidas planteadas para erradicar o controlar los riesgos penales 215
5.3. La dotación presupuestaria adecuada 215
5.4. El canal de denuncias o “whistleblowing” 216
5.4.1. El canal en el ordenamiento jurídico español 217
5.4.2. Objetivos y características del canal 218
5.4.3. El contenido del canal 219
5.4.4. La formación necesaria en el uso del canal 222
5.4.5. El denunciante y la cuestión del anonimato 222
5.4.6. El denunciante en el proceso penal 229
5.4.7. El receptor de la denuncia 230
5.4.8. El tratamiento de las denuncias 230
5.4.9. El impacto de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 231
5.4.10. El canal de denuncias y las nuevas tecnologías 232
5.5. El régimen coercitivo sobre los empleados 233
5.6. El responsable del cumplimiento o “compliance officer” 237
5.7. La auditoría 240
5.8. La documentación 241
6. La eficacia del plan “compliance” 241
7. La carga de la prueba sobre el plan “compliance” o la responsabilidad penal de las personas jurídicas 242
8. Un seguro penal llamado “compliance” 243
IX. ASPECTOS BÁSICOS DEL MODELO PROCESAL A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA 245
1. La persona jurídica en el orden constitucional 247
2. Los derechos fundamentales y las personas jurídicas 249
2.1. Las personas jurídicas como titulares de derechos fundamentales 250
2.2. Los derechos de las personas jurídicas en el proceso penal 254
3. El principio de legalidad penal y las personas jurídicas 261
4. La responsabilidad penal de las entidades del art. 31 bis CP, responsabilidad autónoma e independiente con respecto a la persona física 267
5. La escueta regulación procesal de la responsabilidad penal de las entidades 268
6. El inicio del procedimiento penal 269
7. La competencia para el enjuiciamiento penal de las personas jurídicas 270
7.1. La competencia objetiva 270
7.2. La competencia funcional 272
7.3. La competencia territorial 272
8. La imputación de la entidad 273
9. La persona jurídica rebelde 274
10. Las diligencias de investigación 275
11. El representante designado por la entidad 276
12. La conformidad 278
13. El juicio oral contra la entidad 278
14. La graduación de la pena impuesta a la entidad 279
15. Las atenuantes y las agravantes de la responsabilidad penal de la entidad 280
15.1. Las atenuantes 280
15.2. Las agravantes 282
16. La extinción de la responsabilidad penal de la persona jurídica 283
16.1. La disolución de la persona jurídica 283
16.2. El cumplimiento de la condena penal 285
16.3. La remisión definitiva de la pena 285
16.4. El indulto 285
16.5. El perdón del ofendido 286
16.6. La prescripción del delito 286
16.7. La prescripción de la pena 286
Capítulo VII
La segunda modalidad de responsabilidad para las entidades: Las consecuencias accesorias
del artículo 129 del Código Penal
I. EL RÉGIMEN DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL ART. 129 CP 292
II. LOS SUJETOS PASIVOS SOMETIDOS AL RÉGIMEN DEL ART. 129 CP 296
1. El concepto de entidad sin personalidad jurídica 298
2. La distinción entre los sujetos del art. 129 CP y los del art. 31 bis CP 300
2.1. Las sociedades secretas 301
2.2. Sociedades de capital en formación e irregulares 302
2.3. Grupos de sociedades y uniones temporales de empresas (UTEs) 302
III. APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL ART. 129 CP 303
1. Diferencias entre el régimen de las consecuencias accesorias del art. 129 CP y el régimen del art. 31 bis CP 306
1.1. La diferencia punitiva 306
1.1.1. La ausencia de la pena de multa 307
1.1.2. La ausencia de la pena de disolución 308
1.1.3. La prohibición definitiva de actividad 309
1.2. La accesoriedad de la pena con respecto a la persona física 309
1.3. El carácter facultativo de las consecuencias accesorias del art. 129 CP 311
1.4. El deber de motivar la imposición de las medidas accesorias 311
2. Las sanciones accesorias previstas en el art. 129 CP y su finalidad 312
3. Las diferencias entre el régimen de las medidas accesorias del año 1995 y las del año 2010 315
IV. EL PROBLEMA DE LOS CRITERIOS DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS A LAS ENTIDADES EN EL MARCO DEL ART. 129 CP 316
1. La persona natural debe ser condenada por un delito 317
2. El delito debe pertenecer al catálogo que activa las medidas accesorias 317
3. La relación entre la entidad y la persona natural 318
4. El beneficio de la entidad 318
5. La autorresponsabilidad o el defecto organizativo relevante de la entidad 319
6. La aplicación de los programas “compliance” 324
V. EL PROBLEMA DE LA AUSENCIA DE UN RÉGIMEN JURÍDICO EN EL ART. 129 CP Y SUS POSIBLES SOLUCIONES 325
1. La primera solución: el régimen accesorio conforma un régimen jurídico propio 326
2. La segunda solución: remisión al régimen principal de responsabilidad penal 329
3. La tercera solución: un régimen sin garantías 330
4. Propuesta sobre el régimen jurídico del art. 129 CP 331
Capítulo VIII
El tercer régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica: el régimen de Las consecuencias accesorias del art. 129 del Código Penal por remisión de determinados tipos delictivos
I. LAS REMISIONES ESPECÍFICAS AL RÉGIMEN DEL ART. 129 CP 338
II. EL DEBATE SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LAS REMISIONES DEL ART. 129 CP 342
1. Las remisiones se reconducen al sistema ordinario de responsabilidad penal 343
2. Las remisiones configuran un régimen especial de responsabilidad penal para las entidades 345
3. El Tribunal Supremo establece el criterio 349
III. EFECTOS DE LAS REMISIONES AL ART. 129 CP 352
IV. LAS ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN DEL ART. 129 CP CUANDO SE APLICA A LAS PERSONAS JURÍDICAS 354
1. Estatuto procesal de las entidades 356
2. Los criterios de atribución de la responsabilidad 358
3. ¿Un régimen jurídico benévolo? 359
Capítulo IX
El cuarto régimen de responsabilidad de la persona jurídica: la responsabilidad de las asociaciones ilícitas, las organizaciones o grupos criminales, terroristas y los delitos de terrorismo
I. LOS DELITOS RELACIONADOS CON LAS ASOCIACIONES ILÍCITAS, LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES, LOS GRUPOS TERRORISTAS Y LOS DELITOS DE TERRORISMO 363
1. La asociación ilícita 363
2. Las organizaciones criminales, los grupos terroristas y los delitos de terrorismo 367
II. APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO 370
1. En relación al delito de asociación ilícita 371
2. En relación a los delitos de terrorismo 374
III. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LAS ENTIDADES ENJUICIADAS EN RELACIÓN CON EL ART. 520 CP 375
Capítulo X
El quinto régimen de responsabilidad de la persona jurídica: la responsabilidad penal de las sociedades instrumentales
I. LA GÉNESIS DE LA CREACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES 383
II. LA CLASIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 395
1. Las entidades legales 395
2. Las entidades fronterizas 395
3. Las personas jurídicas instrumentales 396
III. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES 397
1. Las entidades instrumentales están excluidas del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del art. 31 bis CP y de los planes “compliance” 398
2. La aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario 399
3. Posibles efectos jurídicos para las sociedades instrumentales 404
3.1. La primera solución: aplicación del régimen accesorio del art. 129 CP 408
3.2. La segunda solución: la aplicación de la normativa del decomiso 410
4. La declaración de la instrumentalidad y el derecho a la defensa de las sociedades instrumentales 414
4.1. Primer filtro: la comisión de un delito del catálogo 414
4.2. Segundo filtro: el análisis sobre la imputabilidad de la entidad 415
4.3. Tercer filtro: la declaración de la instrumentalidad 416
4.3.1. El contenido de la declaración 417
4.3.2. La participación de la entidad en el trámite de la declaración 417
4.3.3. La audiencia previa 418
4.3.4. La resolución judicial 418
4.3.5. Las medidas cautelares 419
5. La necesaria regulación del régimen de las sociedades instrumentales 421
Capítulo XI
A modo de conclusiones 427
Bibliografía 437