Cedeño Hernán, Marina.
Datos técnicos
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, llevó a cabo una transformación integral de los procesos de exacción de derechos económicos de procuradores y abogados, regulados en los artículos 34 y 35 de la LEC. Muchas de las funciones que hasta entonces se encomendaban a los jueces y magistrados pasaron a manos del letrado de la Administración de Justicia. Esta nueva configuración de los conocidos como procesos de "cuenta y minuta jurada" ha planteado serias dudas de compatibilidad con la Constitución Española. En este sentido, la STC 34/2019, de 14 de marzo, ha declarado la inconstitucionalidad de estas normas en lo que se refiere a la exclusión de recurso frente al decreto que resuelve sobre la oposición del deudor. No menos relevante es la jurisprudencia del TJUE sobre la protección de los consumidores frente a cláusulas abusivas. Como consecuencia de las múltiples cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, el TJUE, en su condición de valedor del principio de primacía del Derecho de la Unión, ha venido apreciando ciertas deficiencias en la regulación procesal española en relación con la protección que merecen los consumidores. Estas deficiencias resultan patentes en los procesos de exacción de derechos económicos de procuradores y abogados. El presente trabajo analiza todos los aspectos relevantes de los procesos que sirven de cauce para que procuradores y abogados puedan reclamar de manera rápida ciertos créditos derivados de su intervención en un proceso. Se pretende, en definitiva, ofrecer una herramienta útil para resolver las múltiples cuestiones prácticas que suscita la regulación actual de los procesos de "jura de cuentas".
Capítulo I. INTRODUCCIÓN: LA FUNCIÓN DE COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LOS CAUCES PARA RECLAMAR LOS CRÉDITOS PROCESALES DE PROCURADORES Y ABOGADOS
1. La función de colaboradores con la Administración de Justicia de los procuradores y abogados
2. La postulación y defensa en el proceso civil
2.1. Carácter facultativo de la intervención del procurador y del abogado
2.2. Carácter facultativo de la intervención del procurador
2.3. Carácter facultativo de la intervención del abogado
3. Algunas notas sobre la postulación y defensa en procesos de otra naturaleza
4. Los cauces procesales para reclamar los derechos y honorarios de procuradores y abogados
Capítulo II. LA REGULACIÓN DE LOS PROCESOS DE EXACCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE PROCURADORES Y ABOGADOS EN LA LEC 1/2000 Y SUS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
Capítulo III. ¿ES CONFORME CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAUCE PRIVILEGIADO PARA EL COBRO DE HONORARIOS?
Capítulo IV. LA FINALIDAD DE LOS PROCESOS DE EXACCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE PROCURADORES Y ABOGADOS Y SU NATURALEZA JURÍDICA
1. La tutela jurisdiccional del acreedor
2. La finalidad ejecutiva de los procesos de “cuenta y minuta jurada” y sus diferencias con el proceso monitorio
3. ¿El desapoderamiento al juez en beneficio del letrado de la Administración de Justicia ha transformado la naturaleza jurídica de los procesos de “cuenta y minuta jurada”?
Capítulo V. EL OBJETO: RECLAMACIÓN DE DERECHOS Y GASTOS SUPLIDOS DEL PROCURADOR Y HONORARIOS DEL ABOGADO
1. Reclamación por el procurador de derechos y gastos suplidos
2. Reclamación por el abogado de sus honorarios
3. La tradicional polémica en torno a la reclamación por el procurador de los honorarios del abogado: la solución ofrecida por la Ley 1/2000
3.1. Los problemas derivados de la inclusión de los honorarios del abogado en la cuenta del procurador en la legislación precedente
3.2. La reclamación de los honorarios del abogado en la LEC vigente
4. Honorarios excluidos del ámbito de la “jura de cuentas”
5. Acumulación de objetos en el procedimiento de “cuenta o minuta jurada”
Capítulo VI. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. LAS ATRIBUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1. La jurisdicción
2. La competencia
2.1. La regla del artículo 34 de la LEC y la omisión del artículo 35 de la LEC
2.2. Competencia mientras el proceso está pendiente o una vez que ha concluido por sentencia firme
2.3. Competencia en caso de derechos u honorarios devengados en recursos devolutivos
2.4. Competencia en caso de declaración de concurso del poderdante o cliente
3. Un caso especial: la “jura de cuentas” ante el Tribunal Constitucional
4. Las atribuciones del letrado de la Administración de Justicia y la reserva a los jueces y magistrados del ejercicio de la potestad jurisdiccional
Capítulo VII. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA
1. La legitimación activa
1.1. Del procurador o sus herederos
1.2. Del abogado o sus herederos
1.3. Del procurador o del abogado en los casos en que su intervención no sea preceptiva
1.4. De otros profesionales
2. La legitimación pasiva
2.1. En el proceso de reclamación de derechos económicos del procurador: legitimación pasiva del “poderdante”
2.2. En el proceso de reclamación de honorarios del abogado: legitimación pasiva de la parte defendida
2.3. La incidencia del pronunciamiento sobre las costas en la legitimación pasiva en los procesos de “cuenta y minuta jurada”
2.4. La reclamación de derechos y honorarios en el caso de que la parte tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita
Capítulo VIII. EL PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR EL COBRO
1. Iniciación del procedimiento: demanda, cuenta o minuta y otros documentos
2. ¿Es aplicable la caducidad de la instancia a los procesos de reclamación de derechos y honorarios?
3. La tutela cautelar en los procesos de “jura de cuentas”
4. Examen de oficio de los presupuestos procesales generales y específicos
5. Orden de pago o impugnación bajo apercibimiento de apremio. El problema de atribuir el control de los presupuestos al letrado de la Administración de Justicia
6. Actitudes posibles del deudor ante la orden de pago
6.1. El pago
6.2. La inactividad del deudor y el despacho de la ejecución
6.3. La oposición del deudor
7. La denominada “vía de apremio”
8. Efectos económicos y procesales
8.1. Los efectos económicos: las costas
8.2. Los efectos procesales: la cosa juzgada
Capítulo IX. EL CONTROL DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS PROCESOS DE RECLAMACIÓN DE DERECHOS Y HONORARIOS
1. La sujeción de los servicios concertados entre abogados y clientes a la directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas
2. ¿Quién ha de controlar la concurrencia de cláusulas abusivas y en qué momento ha de llevarse a cabo ese control?
2.1. La Sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2017, asunto Margarit Panicello c. Hernández Martínez
2.2. El necesario retorno a la “judicialización” del proceso de “jura de cuentas” y el control judicial de las cláusulas abusivas
Capítulo X. LA LLAMADA “JURA DE CUENTAS” DE LOS REGISTRADORES Y NOTARIOS
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