Sinopsis

Analiza la integridad como principio de la contratación pública y estudia los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico para garantizar su respeto a través de la transparencia, la buena gestión, la prevención de los conflictos de intereses y el control y rendición de cuentas.

Análisis detallado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado y de las leyes de transparencia.
Estudio de nuevos mecanismos para la prevención de los conflictos de intereses en la contratación pública
Examen de las aportaciones de la contratación abierta para garantizar la integridad en la contratación pública

Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas contratistas con las AA.PP

Extracto:

La integridad persigue garantizar la coherencia y la rectitud de la actuación de los cargos y empleados públicos con los valores, principios y normas que guían su actividad y la orientación a las finalidades institucionales evitando cualquier influencia indebida de intereses personales en las decisiones públicas que suponga una desviación del interés general. La integridad se ha consolidado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como un principio de la contratación pública que debe inspirar la adjudicación y ejecución de todos los contratos a fin de evitar la mala administración, los conflictos de intereses y la corrupción. La integridad se fomenta y se garantiza en la contratación pública a través de diferentes mecanismos agrupables alrededor de cuatro ejes: la transparencia, la buena gestión, la prevención de malas conductas y los conflictos de intereses y el control y la rendición de cuentas. En el libro se lleva a cabo un completo y detallado examen de los mecanismos a disposición de los órganos de contratación para promover y afianzar la integridad en la contratación pública. A partir del análisis de las previsiones de la Ley 9/2017 y de las normas de transparencia, se valora críticamente su eficacia proponiendo nuevos mecanismos para que las administraciones públicas puedan fomentar la integridad en la contratación pública y responder a las nuevas demandas sociales.