Sinopsis

El libro que el lector tiene en sus manos pretende, por un lado,
conmemorar el décimo aniversario de la aprobación y publicación de
la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias
(LOTC), y, por otro, fomentar la divulgación y el conocimiento de
nuestro ordenamiento urbanístico, impulsándose, todo ello, desde la
Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), no sólo por
dar cumplimiento a uno de sus principales objetivos estatutarios,
sino porque con esta obra conmemorativa se edita el primer volumen
de lo que hemos venido en denominar la biblioteca urbanística
canaria (buc), que, en lo sucesivo, se incrementará mediante la publicación
de nuevas obras colectivas, como la que hoy nos ocupa, o
monográfi cas en materia de urbanismo.

Permítaseme indicar, en este punto, que la Asociación Canaria de
Derecho Urbanístico agrupa en la actualidad a más de 120 personas
que, desde distintos sectores y variada formación profesional, comparten
el deseo y la ilusión de facilitar el conocimiento del derecho
urbanístico mediante la formación de los distintos operadores, el intercambio
de experiencias y opiniones, y, en especial, el fomento del
debate y la participación ciudadana, todo ello bajo la convicción de
que, como acertadamente ha señalado la jurisprudencia, la ciudad,
y más ampliamente, el territorio, «es de todos y por tanto las decisiones
relativas a sus características corresponden a los ciudadanos en
general».

La complejidad que, necesariamente, tiene el ordenamiento urbanístico
canario no es óbice para ser capaces de transmitir a la
ciudadanía en general, y a los profesionales y responsables públicos
en particular, la trascendencia e importancia de las decisiones que,
fundamentalmente en la planifi cación, adoptan las Administraciones
Públicas, debiendo intentar hacer comprensible los efectos de
tales decisiones que incidirán normalmente en varias generaciones,
al mayor número de personas posibles. Tal objetivo de efectiva
participación, lejos de constituir un obstáculo o retraso en la
actuación de los poderes públicos, debe convertirse en una garantía
de la comprensión y aplicación de esa nueva ordenación por sus destinatarios.